La atención mediática sobre Silvia Intxaurrondo sigue en aumento.
En las últimas horas, la presentadora de RTVE ha vuelto a estar en el ojo del huracán debido a una decisión que, lejos de despejar dudas, ha abierto nuevos interrogantes acerca de la transparencia en la contratación pública y la gestión de sus ingresos.
Todo se desencadena con el modelo de contratación utilizado por RTVE para fichar a Intxaurrondo. La periodista formalizó un contrato a través de Sukun Comunicación, una empresa que fundó junto a su esposo. Este acuerdo, que supera los 500.000 euros en un periodo de dos años, incluía cláusulas de confidencialidad que el Consejo de Transparencia consideró inadmisibles. Las cifras y, sobre todo, la modalidad adoptada encendieron las alarmas en la Inspección de Trabajo, que abrió una investigación a finales de 2024 tras recibir una denuncia anónima.
La Inspección concluyó que el contrato era irregular: Intxaurrondo debía estar registrada como empleada y no como autónoma facturando mediante una sociedad. Esta práctica, común en ciertos ámbitos mediáticos, se conoce como «falso autónomo» y puede conllevar sanciones tanto para la entidad pública como para el trabajador involucrado.
La maniobra societaria y las dudas que plantea
En este marco, la presentadora anunció su salida de la gestión de Sukun Comunicación, alegando razones de “conflicto de intereses”. Sin embargo, no ha precisado si continúa siendo socia pasiva, lo cual le permitiría seguir obteniendo beneficios económicos a través de la estructura empresarial. Este movimiento se produce justo cuando la Inspección ha cuestionado abiertamente la legalidad del contrato y el modelo de facturación establecido con RTVE.
- Ahora, su marido, Farouk Jhinaoui, es el único administrador de la sociedad.
- Además, la empresa ha cambiado su domicilio social desde que comenzó la investigación.
- El silencio sobre si sigue percibiendo ingresos indirectamente alimenta las especulaciones acerca del verdadero propósito detrás de esta maniobra.
Impacto económico: recorte significativo del salario
La consecuencia inmediata derivada de esta investigación ha sido contundente: RTVE ha reducido el sueldo de Silvia Intxaurrondo en más de 100.000 euros al año y ha dejado de abonar pagos a su sociedad. Su salario anual ha pasado de los 260.000 euros obtenidos durante los últimos dos años a alrededor de 130.000 euros, según fuentes sindicales. Desde mediados de septiembre ya aparece como empleada convencional en la cadena, con alta en la Seguridad Social y salario base más complementos como cualquier otro miembro del personal público.
- El contrato anterior se basaba en abonos a la sociedad, que reportaba ingresos muy superiores a los beneficios reales.
- En 2024, Sukun Comunicación ingresó 241.899 euros pero declaró pérdidas por solo 264 euros, lo que le permitió evadir el pago del Impuesto sobre Sociedades.
- En 2023, también presentó pérdidas por 976 euros pese a haber facturado 78.000 euros desde septiembre.
Aunque estas prácticas son legales desde el punto contable, resultan difíciles de justificar desde una perspectiva ejemplar pública, especialmente cuando se trata de contratos financiados con dinero del contribuyente.
Precedentes y recorrido judicial
No es la primera vez que Intxaurrondo utiliza este tipo de estructuras. Durante su etapa en Telemadrid, también cobró mediante la sociedad Ugarit & Babel, creada junto a su pareja. En ese caso, la Inspección determinó igualmente que el contrato era irregular y obligó a la cadena autonómica a contratarla como parte del personal fijo.
En este momento hay varias denuncias pendientes ante Hacienda sobre el modelo de facturación empleado por Sukun Comunicación. Las pérdidas registradas por esta sociedad han permitido evitar el pago del Impuesto sobre Sociedades durante dos ejercicios consecutivos.
El silencio de RTVE y el impacto reputacional
RTVE no ha brindado explicaciones públicas acerca del porqué se permitió este modelo contractual ni sobre las acciones que planea tomar tras las conclusiones de la Inspección. Tampoco ha aclarado si habrá sanciones internas o si revisará los modelos contractuales aplicados a otros presentadores externos.
La controversia pone en entredicho la coherencia entre el discurso público defendido por Intxaurrondo, quien se ha presentado como un referente en transparencia y rigor periodístico, y sus propias prácticas empresariales. Mientras tanto, sin pronunciarse al respecto, dirección alguna mantiene silencio ante un caso que podría sentar precedente para futuras contrataciones y reabre el debate sobre opacidad y responsabilidad en relación al manejo del dinero público.
