La tarde en la Plaza de Castilla, Madrid, se presentaba llena de expectación, pero concluyó en desconcierto.
Ni Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ni su asesora Cristina Álvarez, ni el delegado del Gobierno, Francisco Martín, se presentaron a su cita con el juez Juan Carlos Peinado.
El amplio despliegue policial y las medidas de seguridad, preparadas para una jornada judicial intensa, se redujeron a la espera de los abogados, mientras que el cordón de antidisturbios se marchó al darse cuenta de que las principales investigadas no harían acto de presencia.
La defensa de Gómez justificó esta falta con una circular de la Fiscalía General del Estado del año 1995, que establece que para este tipo de trámites no es imprescindible que el imputado esté presente si cuenta con la representación de su letrado.
Así, la comparecencia quedó limitada a especificar los términos de la imputación y debatir sobre la posible formación de un jurado popular para juzgar el presunto delito de malversación.
El papel de la UCO y los correos bajo investigación
El juez Peinado, lejos de dejarse intimidar por la incomparecencia, ha optado por acelerar la instrucción y centrar su atención en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este análisis será clave para determinar el futuro judicial de Begoña Gómez. La UCO tiene el encargo de revisar todos los correos electrónicos enviados y recibidos por Gómez desde 2018, buscando posibles indicios de desvío de fondos públicos y gestiones irregulares relacionadas con la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Uno de los puntos más polémicos son los 121 correos electrónicos intercambiados por Cristina Álvarez, donde se incluyen gestiones con empresas como Reale Seguros para financiar dicha cátedra universitaria. Tanto la defensa como la Fiscalía argumentan que estos correos no constituyen malversación, sino simples labores asesoras. De hecho, han llegado a comparar los “favores” prestados por Álvarez con un magistrado que le pide a su agente judicial que baje a comprar tabaco. A pesar de las solicitudes del Abogacía del Estado y la Fiscalía para archivar el caso, el juez sostiene que hay “indicios racionales y sólidos” que apuntan a delitos. Esto ha convertido el asunto en un verdadero ‘casus belli’ entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
El tablero político: críticas, fugas y pulso institucional
La respuesta política no se ha hecho esperar. Desde el Partido Popular, Miguel Tellado ha calificado la incomparecencia de Gómez como un reflejo “de un matrimonio a la fuga”, acusando a Sánchez de incumplir su promesa de colaborar con la Justicia y exigiendo su dimisión al considerarlo “sentenciado políticamente”. En Moncloa, sin embargo, interpretan las acciones del juez Peinado como un intento deliberado de “humillación pública”, sugiriendo que hay una motivación política detrás destinada a debilitar al presidente.
Mientras tanto, las acusaciones populares han solicitado nuevas diligencias que incluyen las declaraciones tanto del Pedro Sánchez como del ministro Félix Bolaños, aunque ambos ya han sido interrogados previamente en otros procedimientos. La defensa del delegado Francisco Martín argumenta que él no tuvo responsabilidad directa sobre la contratación de Álvarez, tratando así de desvincularse del caso.
El pulso judicial y la pugna institucional
La instrucción sigue su curso, con varios recursos pendientes interpuestos por parte del equipo legal de Gómez ante la Audiencia Provincial de Madrid. El juez Peinado, visiblemente molesto por el plantón recibido, deberá decidir en los próximos días si lleva a cabo nuevas diligencias o si archiva finalmente el caso. Por ahora, todo depende del informe elaborado por la UCO: será este documento quien determine si los indicios sobre malversación son válidos o si se toman otros caminos en la investigación.
El conflicto ha llegado incluso al ámbito disciplinario del Consejo General del Poder Judicial, donde se revisa una queja formal presentada por Bolaños junto a miles más —algunas enviadas incluso por bots— contra el juez Peinado. Este asunto ha derivado en un auténtico campo minado institucional donde cada movimiento judicial tiene repercusiones políticas significativas.
Curiosidades y detalles singulares
- Esta citación era ya la quinta para Begoña Gómez ante el juez Peinado; en las dos primeras ejerció su derecho a no declarar y en las siguientes solo respondió a su abogado.
- La seguridad dispuesta por Moncloa había preparado un acceso especial para Gómez a través del garaje; sin embargo, finalmente solo sus abogados hicieron uso del mismo.
- La defensa sostiene que tanto Gómez como Álvarez no ocupan cargos públicos, lo cual es determinante para configurar el delito de malversación según lo estipulado por ley.
- La concentración convocada por Hazte Oír frente a los juzgados resultó ser más bien simbólica; apenas se presentaron unos pocos asistentes expectantes más que combativos.
- El juez Peinado ha solicitado correos electrónicos correspondientes a siete años atrás; un récord dentro del marco instructivo para causas mediáticas en España.
Este caso promete seguir generando titulares e incluso material para aquellos cronistas judiciales con un toque irónico: en Madrid, hasta lo relacionado con un simple paquete de tabaco puede convertirse en prueba clave.
