A la izquierda le vuelve a salir el tiro por la culata.
Desde el Gobierno central, el PSOE nacional y el regional llevan semanas bramando contra el presidente de Andalucía, Juanma Moreno y contra la consejera de Salud ya dimitida, Rocío Hernández, por el escándalo de los protocolos de detección de cáncer de mama. Tras haber usado este tema para exigir de todo al PP, ahora se sabe que el protocolo que tanto han atacado fue aprobado en el año 2011 siendo consejera de Salud de la Junta de Andalucía María Jesús Montero, actual líder del PSOE-A y vicepresidenta del Gobierno.
Históricamente, los protocolos sanitarios en España han defendido una política de máxima transparencia. Cualquier indicio sospechoso detectado en una prueba debía ser comunicado a la paciente, independientemente de su confirmación. El principio era claro: el derecho a saber prevalece sobre cualquier otra consideración.
No obstante, bajo la dirección de Montero se introdujo un matiz significativo. Se decidió que las pacientes con “hallazgos dudosos”, aquellos que requieren pruebas adicionales pero no constituyen un diagnóstico firme, no recibirían información inmediata, salvo que existiera una sospecha concreta de malignidad. La razón aducida fue evitar episodios de ansiedad y angustia ante posibles falsos positivos.
Esta reforma generó un intenso debate dentro del ámbito médico y entre asociaciones de pacientes. Algunos profesionales valoraron positivamente la intención de proteger a las mujeres del estrés psicológico; otros advirtieron sobre el riesgo de infantilizar a las pacientes y restringir su autonomía.
La ansiedad vinculada a un posible diagnóstico de cáncer de mama es un fenómeno bien documentado. Varios estudios han demostrado que recibir una llamada para repetir una mamografía o realizar una biopsia puede provocar una carga emocional considerable, incluso cuando el resultado final resulta ser benigno. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que proporcionar información honesta y oportuna es crucial para los pacientes y disminuir la incertidumbre.
En otros países como Reino Unido o Alemania, los protocolos tienden a priorizar la comunicación inmediata, acompañada por apoyo psicológico y explicaciones claras sobre el grado de sospecha. La meta es combinar empatía con transparencia, evitando alarmismos pero sin ocultar datos relevantes.
En Andalucía, la decisión tomada por Montero fue justificada como un intento por adaptar el sistema a las realidades emocionales que enfrentan las pacientes. Sin embargo, sus detractores consideran que se trata de una opacidad injustificable. Este debate va más allá del ámbito político: impacta directamente en la relación médico-paciente y cuestiona el concepto mismo de autonomía personal.
La reforma impulsada por Montero afectó a miles de mujeres involucradas en los programas de cribado para detectar cáncer de mama en Andalucía. Los protocolos internos indicaban a radiólogos y técnicos que solo debían informar a las pacientes si había una sospecha sólida de malignidad, postergando así cualquier comunicación respecto a casos dudosos hasta contar con pruebas concluyentes.
Aunque esta práctica tiene buenas intenciones detrás, ha sido criticada por colectivos que reclaman su derecho a decidir sobre su propia salud, incluso si eso implica afrontar la ansiedad derivada de noticias inciertas. Para muchas mujeres, conocer cualquier anomalía —por leve que sea— les permite tomar precauciones adecuadas, buscar segundas opiniones o simplemente prepararse emocionalmente para lo que venga.
Por otro lado, algunos médicos argumentan que demasiada información puede llevar a decisiones precipitadas; como someterse a procedimientos innecesarios o abandonar los cribados por miedo al diagnóstico. Así que el desafío radica en encontrar ese equilibrio entre informar adecuadamente y acompañar sin generar alarmismo ni ocultar datos importantes.
¿Qué dice la legislación y la bioética?
La Ley de Autonomía del Paciente en España reconoce el derecho a recibir información veraz, suficiente y comprensible acerca del propio estado salud. Sin embargo, también permite que los profesionales ajusten su comunicación según el contexto emocional y la capacidad comprensiva individual.
Esto deja un amplio margen interpretativo que cada comunidad autónoma y cada equipo médico aplica según su criterio. La reforma andaluza representó una interpretación restrictiva del deber informativo, priorizando el bienestar emocional por encima de una total transparencia.
Desde el punto vista bioético, este debate sigue abierto. Los principios fundamentales como beneficencia (proteger al paciente) y autonomía (respetar su derecho a decidir) pueden chocar especialmente en situaciones donde reina la incertidumbre diagnóstica. La tendencia actual en Europa apunta hacia favorecer una información completa junto con apoyo psicológico cuando sea necesario; evitando así caer en paternalismos.
El papel político y su impacto social
La controversia alrededor del protocolo andaluz ha trascendido lo meramente sanitario para convertirse también en un asunto político candente. Partidos opositores han acusado a Montero de “ocultar información” a las mujeres; mientras sus defensores argumentan que esta medida buscaba ante todo preservar el bienestar emocional del paciente.
El debate ha cobrado fuerza tanto en redes sociales como en medios informativos donde testimonios reales reflejan lo intrincado del tema. Algunas mujeres expresan su gratitud por no haber recibido noticias preocupantes hasta tener un diagnóstico claro; mientras otras lamentan no haber podido gestionar esa incertidumbre por sí mismas.
