Un temazo para este lunes 13 de octubre en ‘La Retaguardia a fondo’.
José Luis Ábalos, quien fuera ministro de Transportes y una figura clave en Ferraz, ha logrado acaparar la atención mediática con un solo movimiento: ha anunciado la ruptura con su abogado, José Aníbal Álvarez, a tan solo dos días de su cuarta declaración ante el Tribunal Supremo.
En un escrito dirigido al alto tribunal, se mencionan “diferencias irreconciliables” y un “deterioro irreversible de la confianza”, marcando así el final de una relación profesional que ya estaba afectada por desacuerdos estratégicos y, cómo no, por la presión mediática que rodea un caso tan explosivo desde hace meses.
El motivo de esta separación no es trivial. Ábalos no estaba de acuerdo con la estrategia de defensa que le proponía Álvarez, especialmente en lo que respecta a alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y la opción de renunciar a su acta de diputado para perder el aforamiento y trasladar el caso a la Audiencia Nacional. Lejos de aceptar los consejos, el exministro decidió mantener su escaño y buscar otras alternativas legales, incluso consultando a otros abogados, como la letrada de su exasesor Koldo García. Esta maniobra, que mezcla astucia y riesgo, llevó a que Álvarez se enterara por la prensa de las decisiones de su cliente, algo que no ayudó a mejorar las tensiones existentes.
Un panorama judicial cada vez más incierto
La elección de cambiar de abogado no solo refleja el colapso en su relación profesional, sino que también tiene profundas repercusiones en su estrategia judicial. Esta decisión obliga a Ábalos a encontrar rápidamente un nuevo defensor y probablemente solicitará posponer su declaración ante el juez Leopoldo Puente, quien instruye el ‘caso Koldo’. Aunque parezca un mero trámite procesal sobre el papel, en realidad puede ser crucial: podría significar ganar tiempo o enfrentarse a medidas cautelares incómodas como la prisión provisional. Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares han dejado entrever esa posibilidad tras el último informe presentado por la Guardia Civil.
El documento elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) hace apenas una semana destaca unos 95.000 euros en gastos atribuidos a Ábalos sin respaldo bancario y menciona supuestos pagos en efectivo del PSOE que no concuerdan con la documentación oficial. El informe señala “ingresos irregulares y opacos” y “zonas de intersección” patrimonial entre el exministro y su antiguo asesor, lo que ha encendido las alarmas en el Supremo.
Estrategias cruzadas y presiones políticas
La decisión de mantener su escaño en el Congreso, pese a las recomendaciones recibidas desde su entorno, responde tanto a motivos procesales como económicos. Ábalos considera que renunciar al aforamiento no le garantizaría una mejor situación legal. Según sus propias alegaciones a la defensa, actualmente no hay razones para decretar su ingreso en prisión: ni riesgo de fuga ni posibilidad de destruir pruebas ni antecedentes delictivos. Sin embargo, existe un temor palpable entre los círculos políticos sobre si el juez Puente podría seguir el ejemplo del caso del Santos Cerdán, ya bajo prisión preventiva.
Desde las filas del PSOE se da prácticamente por “amortizado” el desgaste causado por el ‘caso Koldo’, convencidos de que ya se ha alcanzado el pico del impacto mediático. Ahora creen que lo relevante son las respuestas individuales de los investigados. La formación liderada por Pedro Sánchez ha decidido distanciarse y dejar que cada uno haga frente a sus propios problemas mientras los rivales políticos continúan agitando este asunto tanto en el Congreso como en los medios.
Una edición de lo más interesante de la mano del abogado Juan Manuel Cepeda.
