El juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha dado un paso significativo en una de las causas más sensibles para el socialismo valenciano. Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig, se enfrentará al tribunal acusado de defraudar fondos públicos mediante un entramado de facturas falsas y documentación manipulada. La decisión judicial, comunicada este martes a las partes implicadas, da inicio al juicio oral contra el empresario audiovisual y su socio Juan Enrique Adell Bover por delitos continuados de falsedad en documento mercantil y estafa agravada.
La determinación del magistrado Jorge Martínez Ribera pone fin a la fase de instrucción y remite el caso a la Audiencia Provincial de Valencia, que será la encargada de llevar a cabo el juicio y emitir sentencia. Ambos acusados deberán afrontar fianzas significativas: 147.589 euros para Francis Puig y 99.614 euros para Adell Bover. Estas cifras reflejan las responsabilidades civiles derivadas de las irregularidades en el cobro de subvenciones públicas entre 2015 y 2018, periodo en el cual Ximo Puig se encontraba al frente de la Generalitat.
El auto judicial deja claro que los hechos investigados son graves. Según el instructor, los acusados habrían recurrido a documentos falsos para acceder a ayudas económicas que no les correspondían, lo que resultó en la transferencia indebida de fondos públicos a sus cuentas personales. Las empresas dirigidas por ambos, Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL, actuarían como responsables civiles subsidiarias respecto a las fianzas impuestas.
Un fraude con metodología sofisticada
La investigación ha revelado un modus operandi que combina diferentes técnicas de engaño administrativo. El juez ha determinado que los acusados simularon gastos empresariales mediante facturación ficticia proveniente de empresas asociadas, generaron facturas duplicadas y cruzadas con conceptos vagos, además de utilizar sociedades instrumentales y direcciones ficticias para aparentar actividades ajenas a las subvenciones solicitadas.
Una pieza clave en este presunto fraude fue la empresa Mas Mut Produccions, que según la Fiscalía habría sido utilizada como firma ficticia para beneficiarse económicamente mediante gastos que nunca ocurrieron. Las facturas presentadas ante la administración pública no figuraban como pagadas a los supuestos proveedores, lo que pone en evidencia el carácter fraudulento del proceso.
El Ministerio Fiscal ha sido contundente en su calificación, pidiendo cuatro años de prisión para Francis Puig y tres años para su socio Adell Bover. Además, se reclama inhabilitación para ejercer derechos políticos durante el tiempo que dure la condena, así como una indemnización cercana a los 110.000 euros en el caso del hermano del expresidente y 75.000 euros para su socio, montos correspondientes al dinero defraudado tanto a la administración valenciana como a la Generalitat de Cataluña.
La exclusión del delito de fraude de subvenciones
En un giro favorable para los acusados, el magistrado instructor ha decidido excluir explícitamente el delito de fraude de subvenciones del procedimiento judicial. Esta resolución se basa en la aplicación del principio de retroactividad favorable establecido por la Ley Orgánica 1/2019, que elevó el umbral mínimo para considerar este tipo delictivo a cantidades superiores a 120.000 euros.
De acuerdo con lo señalado en el auto, la cantidad indebidamente percibida por los investigados y sus empresas asciende a 67.500 euros, cifra que se encuentra por debajo del límite legal tras dicha reforma. Esta situación ha llevado al juez a reconfigurar los delitos por los cuales se abrirá juicio oral, enfocándose en la falsedad documental como medio para cometer estafa, un concepto jurídico conocido como concurso medial.
Recursos pendientes y estrategia defensiva
La defensa de Francis Puig no ha permanecido inactiva ante el procesamiento. En abril presentó un recurso de apelación contra el auto que daba inicio al procedimiento abreviado —equivalente al antiguo procesamiento— donde acusa al juez de haber realizado un simple «copia-pega» del escrito del Ministerio Fiscal sin llevar a cabo una evaluación crítica e independiente sobre las pruebas presentadas.
El escrito defensor cuestiona la robustez de los indicios aportados durante la investigación, tildándolos como «una sucesión de simples opiniones o prejuicios» carentes del peso necesario para sustentar una acusación penal válida. Además, denuncia lo que considera una «acusación sorpresiva» por parte del instructor, argumentando que el auto judicial reproduce sin más el contenido acusatorio del Ministerio Público sin realizar un análisis adecuado sobre las conductas requeridas por el proceso penal.
En cuanto a los gastos no subvencionables mencionados en la acusación, los abogados de Puig discrepan «abiertamente» y sostienen que el juez no ha explicado adecuadamente cuál fue el engaño previo considerado indicio suficiente para calificarlo como delito más allá del ámbito administrativo puro. Este argumento pretende llevar la discusión hacia irregularidades administrativas sin relevancia penal.
El auto notificado este martes sobre apertura del juicio oral no puede ser recurrido salvo en relación con las circunstancias personales de los acusados. Sin embargo, sigue pendiente resolución sobre el recurso interpuesto anteriormente contra el auto previo que dio inicio al procedimiento abreviado.
El contexto político y las implicaciones para el PSOE valenciano
El procesamiento de Francis Puig supone un duro golpe reputacional para el socialismo valenciano justo cuando atraviesa un momento crítico políticamente hablando. Los hechos investigados ocurrieron durante el mandato de Ximo Puig al frente de la Generalitat entre 2015 y 2018, lo cual ha alimentado las críticas desde la oposición sobre posibles conflictos de interés y falta control en la concesión de ayudas públicas.
El actual presidente autonómico, Carlos Mazón, del Partido Popular, no ha perdido ocasión para criticar fuertemente a sus predecesores socialistas: «La mejor manera de hacerse rico en España es ser hermano o hermana de un presidente o secretario general del Partido Socialista», afirmó tras conocerse la apertura del juicio oral.
La Generalitat bajo su dirección está considerando personarse como acusación particular con miras a «recuperar los bienes usurpados a los ciudadanos» valencianos. La Abogacía autonómica está evaluando todas las implicaciones legales derivadas esta decisión, lo cual representaría un paso más en la judicialización creciente entre PP y PSOE dentro del territorio valenciano.
Otras irregularidades bajo investigación
Los problemas legales que enfrenta Francis Puig van más allá del cobro irregular de subvenciones destinadas al fomento del valenciano. La Agencia Valenciana Antifraude ha corroborado que las empresas gestionadas por él recibieron publicidad institucional desde el Ayuntamiento de Morella irregularmente entre 2020 y 2024.
Esta conclusión proviene una denuncia presentada por el Partido Popular en abril pasado donde se solicitaba investigar pagos por valor total de 408.000 euros distribuidos entre 629 facturas dirigidas hacia las empresas vinculadas con Francis Puig desde 2015 hasta 2024 sin ningún proceso licitatorio previo. La investigación concluyó que existió una «contratación irregular» durante aquellos periodos bajo gobiernos socialistas como el dirigido por Rhamsés Ripollés e incluso durante mandatos independientes respaldados por PP.
Así, todo este entramado empresarial asociado con Francis Puig se encuentra ahora bajo múltiples investigaciones relacionadas con diversas administraciones públicas abarcando distintos periodos temporales; todas ellas vinculadas con procedimientos cuestionables desde una perspectiva legal y administrativa.
Las sociedades administradas por él junto con Adell Bover —Comunicacions dels Ports y Canal Maestrat— operan dentro del sector mediático local en Els Ports, al norte Castellón. Su principal actividad era gestionar canales televisivos y radiales locales; curiosamente ese tipo específico es precisamente aquel destinado por estas subvenciones ahora objeto judicial cuya finalidad era promover nuestra lengua propia valenciana pero parece haber servido según señala la acusación solo para enriquecer ilícitamente sus administradores mediante documentación falsa e inventada.
