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La cuarta declaración del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el marco de la investigación de la trama de corrupción conocida como caso Koldo, ha generado una enorme expectación en torno a un punto: la posible entrada en prisión de quien fuera la mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Después de acogerse a su derecho a no declarar sobre sus “ingresos irregulares”, el magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, ha resuelto que Ábalos no ingrese en prisión preventiva pese a los múltiples indicios de su papel en los chanchullos.
La Fiscalía Anticorrupción no solicitó el ingreso en prisión de quien fuera mano derecha de Sánchez, mientras que las acusaciones particulares sí que lo hicieron.
El juez ha considerado que no hay indicios suficientes para enviarlo a la cárcel, tampoco riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Tampoco hizo caso a la petición de las acusaciones de imponer una fianza de 650 mil euros. Aunque mantiene las medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y la obligación a comparecer cada 15 días en los juzgados.
El silencio de Ábalos marca un cambio en la estrategia de defensa, que contrasta con las respuestas ofrecidas en sus otras declaraciones. El exministro afirmó que tomó esta decisión porque se siente indefenso debido a que no cuenta con asistencia legal debido a sus “diferencias irreconducibles” con su abogado Aníbal Álvarez.
La absurda argumentación de la Fiscalía
Durante la comparecencia del exsecretario de Organización del PSOE, la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado el ingreso en prisión preventiva para el investigado.
Sin embargo, lo que destaca es la surrealista argumentación para no pedir la medida. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pese a considerar que existe riesgo de fuga, no lo estima pertinente porque Ábalos es diputado en el Congreso.
Intento de fraude de ley
La comparecencia del diputado se produce un día después de que el ahora exsocialista intentara retrasar su declaración mediante un cambio de abogado.
El magistrado rechazó, en un auto, la renuncia de Ábalos a su letrado y su petición de un abogado de oficio. Consideró la acción un “fraude de ley”, ya que no existe ninguna justificación razonable para ello y no hay “más propósito que el de provocar de forma indebida la suspensión de vistas o comparecencias oportunamente señaladas”.
