En La Retaguardia de este jueves 16 de octubre, Eurico Campano analiza con Ignacio Basco, Julian Salcedo y Daniel Lacalle la situación de José Luis Ábalos tras su comparecencia en el Tribunal Supremo y no haber entrado en prisión preventiva.
Ábalos enfrenta una investigación judicial por presunta corrupción, blanqueo de capitales y utilización de dinero en efectivo de origen dudoso. Lo que resulta llamativo no es solo la magnitud de las cifras —casi 100.000 euros de procedencia incierta según la UCO, y hasta 800.000 euros en gastos presentados ante el partido—, sino la destreza con la que Ábalos ha logrado evitar hasta ahora la prisión preventiva.
Mientras tanto, el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez aseguran haber actuado con celeridad al expulsarlo del grupo parlamentario y dejar el asunto en manos de la Justicia. Sin embargo, detrás de esta narrativa oficial se esconde una realidad más enrevesada: la supervivencia política de Ábalos está atada tanto a su silencio como a la conveniencia para el partido.
La trama delincuencial que rodea a Ábalos se remonta a su periodo como secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes. Durante años habría utilizado las estructuras del partido para blanquear supuestas comisiones ilegales, presentando gastos ficticios o exagerados —como comidas, cenas y desplazamientos— que luego eran saldados por Ferraz. El mecanismo era simple: dinero negro entraba en las cuentas personales de Ábalos y su círculo cercano, se convertía en gastos “legales” mediante facturas presentadas al partido, y parte de ese dinero regresaba al PSOE en forma de donaciones formalmente registradas. Así, el partido no solo habría sido víctima pasiva, sino cómplice necesario —por acción u omisión— en una trama que ahora investiga el Tribunal Supremo.
Ábalos ha comparecido ya en cuatro ocasiones ante el Tribunal Supremo. En su última declaración decidió acogerse al derecho a no declarar, una estrategia legal que ha molestado al juez instructor, quien considera que cambiar de abogado a última hora fue un intento de “fraude de ley” para obstaculizar el proceso. A pesar de ello, el magistrado ha optado por no enviarlo a prisión preventiva —al menos por ahora— al considerar que el riesgo de fuga es “moderado”. No obstante, mantiene estrictas medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición para salir del país.
La defensa de Ábalos es clara: resistir sin llegar a acuerdos con la Fiscalía, conservar su acta como diputado —que le reporta unos 116.000 euros desde su expulsión del Grupo Socialista— y rechazar cualquier implicación delictiva. Su círculo cercano sostiene que no tiene nada que esconder y que se presenta “a pecho descubierto” ante los interrogatorios. Sin embargo, las pruebas recopiladas por la UCO —conversaciones grabadas, facturas irregulares y testimonios empresariales— sugieren un comportamiento delictivo más allá de meras irregularidades contables. El juez ya ha señalado “indicios muy consistentes” sobre rendimientos económicos ilícitos.
En este escenario surge una pregunta inevitable: ¿existe un pacto implícito entre Ábalos y el PSOE? Fuentes cercanas al caso indican que hay interés por parte del partido en que el exministro mantenga silencio. Si Ábalos decidiera colaborar con la Justicia y tirar de la manta, podría implicar a otros altos cargos e incluso poner en riesgo la estabilidad del Gobierno. De hecho, algunos expertos creen que lo que declare ante el juez podría influir directamente en la continuidad del Ejecutivo.
Por su parte, el PSOE sostiene que ya cumplió con lo necesario: expulsó a Ábalos del grupo parlamentario y lo apartó del partido. Fuentes oficiales destacan su “máximo respeto hacia las actuaciones judiciales” y recuerdan que los acusados tienen derecho a defenderse. Sin embargo, esta postura contrasta con cómo lo percibe la ciudadanía: mientras Ábalos sigue cobrando su sueldo como diputado y evita la cárcel, otros imputados en este entramado —como Santos Cerdán, su sucesor en Organización— ya se encuentran tras las rejas.
