La magnitud de las operaciones delictivas bajo sospecha y la red de corrupción que salpica a múltiples niveles del PSOE resultan tan amplias y tentaculares que rompe cualquier precedente conocido. Si las investigaciones judiciales en curso desembocaran ya no en una condena firme contra el marido de Begoña, sino en una imputación de Pedro Sánchez, España viviría un hito difícilmente imaginable hasta ahora y se rompería la barrera de inmunidad política para antiguos presidentes, inaugurando así un nuevo capítulo en la historia del país.
No existen precedentes en la democracia española de que un expresidente del Gobierno haya sido juzgado y enviado a prisión, a pesar de que sí se han visto condenas para presidentes autonómicos y altos cargos de diferentes partidos políticos.
La Justicia ha dictado sentencias históricas contra exmandatarios regionales, pero ningún presidente del Ejecutivo central ha llegado la cárcel. Esto ilustra la excepcionalidad de la situación actual porque, el caso de Pedro Sánchez apunta a un cambio de paradigma.
En un claro desafío político, Alberto Núñez Feijóo, al frente del PP, ha lanzado su ofensiva contra el presidente del Gobierno. Su meta es evidente: ejercer presión política a través de la comparecencia de este próximo 30 de octubre en el Senado y, que ofrezca las explicaciones sobre los chanchullos de su partido, su círculo íntimo y de se Ejecutivo.
La estrategia de Feijóo busca poner contra las cuerdas a Sánchez mediante una presión política sin precedentes. La citación en el Senado programada para el 30 de octubre es solo el inicio. Lo que pretende es que la declaración del marido de Begoña sirva como un cimiento para nutrir la causa judicial, aprovechando cualquier contradicción o falsedad que el presidente pueda soltar durante su intervención. Según ha afirmado Feijóo, Sánchez es el «máximo responsable de todo, está tan pringado como ellos”. Confía en que si el socialista habla, será un preludio a una imputación.
La presión ejercida sobre Sánchez podría acarrear consecuencias significativas en la escena política española. Por un lado, si se ve obligado a declarar ante el Supremo, su futuro político podría estar en juego, especialmente si enfrenta cargos relacionados con corrupción. Desde la perspectiva del PP, esta maniobra podría convertirse en una carta ganadora para captar apoyo popular y debatir la confianza del Gobierno.
Sin embargo, la jugada no está exenta de peligro. Los populares corren el riesgo de que el líder del PSOE elija no declarar o convierta la comparecencia en un mitin, permitiendo que Moncloa y Ferraz lo vendan como un triunfo, como han hecho con Ábalos y Koldo, que se han librado de la prisión preventiva esta semana.
