Ni más alto, ni más claro.
Como es.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha reiterado en los últimos días que la Alianza Atlántica logró “unanimidad total” para incrementar el gasto en defensa al 5% del PIB de cada país miembro durante la próxima década.
Esta cifra representa más del doble del objetivo previo del 2% establecido en 2014.
La cumbre celebrada en La Haya en junio marcó un antes y un después en la política de defensa de la organización: todos los aliados, incluida España, firmaron una declaración final que compromete a los 32 miembros a presentar planes anuales con el fin de alcanzar ese nuevo umbral antes de 2035.
Sin embargo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha dejado claro que su país no alcanzará el 5% y que tiene como objetivo cumplir con los requerimientos establecidos por la OTAN con un gasto del 2,1% del PIB. Este desacuerdo no es trivial; revela una tensión geopolítica subyacente: Estados Unidos —liderado por Donald Trump— presiona para que Europa asuma el gasto que genera su defensa y deje de tener seguridad a costa de Estados Unidos.
Unanimidad con matices: lo que realmente acordó la OTAN
La cumbre de La Haya representó un giro radical en la doctrina de la OTAN. El compromiso del 5% se desglosa en un 3,5% destinado a defensa tradicional (equipamiento, personal y operaciones) y un 1,5% adicional para seguridad relacionada con la defensa (infraestructuras críticas, ciberseguridad y resiliencia civil).
Mark Rutte ha enfatizado que hubo unanimidad respecto al objetivo final, aunque también ha reconocido que cada país podrá presentar su propio “camino soberano” para alcanzar las metas de capacidades. Esto significa que hay espacio para ser flexibles. España argumenta que puede cumplir con sus compromisos sin necesidad de llegar al 5%, algo que Rutte acepta “por ahora”, aunque advierte que en 2029 se evaluará si el plan español sigue siendo adecuado.
El presidente estadounidense, Donald Trump, considera este acuerdo una victoria personal. “He estado pidiendo durante años que suban al 5% y lo van a hacer”, proclamó Trump al llegar a La Haya. Para él, este aumento es fundamental para equilibrar el esfuerzo militar entre aliados y reducir lo que percibe como una dependencia excesiva de Estados Unidos. No ha dudado en criticar a los socios europeos —incluida España— por no cumplir con los compromisos previos del 2%, llegando incluso a amenazar con represalias comerciales contra Madrid por su postura. Sin embargo, las cifras revelan una realidad más compleja: ni siquiera Estados Unidos gasta actualmente el 5% de su PIB en defensa (se sitúa alrededor del 3,4%), siendo Polonia el único país europeo que se acerca a esa cifra.
La postura española: prioridad al Estado del bienestar
Pedro Sánchez ha sido trilero, como siempre. Pese a haberlo firmado en la cumbre del pasado mes de junio, España no aumentará su gasto militar hasta alcanzar el 5% del PIB. En una declaración institucional previa a la cumbre, Sánchez se justificaba con el gasto en políticas sociales, obviando el despilfarro del gobierno en cientos de materias, los cientos de organismos que sólo sirven para colocar personal amigo o los miles de millones de euros que se van por el sumidero de las subvenciones ideológicas e inútiles. Además, Sánchez sostiene que España cumplirá con los objetivos asignados por la OTAN —aportando tropas, equipamiento e infraestructuras— pero dentro de sus límites presupuestarios.
La posición española no es única; otros países como Eslovaquia o Bélgica también rechazan elevar tanto su gasto militar. Sin embargo, España es el único socio señalado directamente por Trump como “rezagado” y amenazado con consecuencias concretas. Esta presión contrasta con la flexibilidad reconocida por Rutte en los documentos oficiales: cada país tiene libertad para presentar su propia hoja de ruta y esta será revisada periódicamente. El mensaje implícito es claro: hoy hay espacio para negociar; sin embargo, la presión política y mediática seguirá presente.
Antecedentes y contexto geopolítico
El debate sobre el gasto militar dentro de la OTAN no es algo nuevo. El compromiso del 2% del PIB acordado en Gales (2014) ya supuso un desafío para muchos aliados europeos. Según datos recientes, solo 23 países superan ese umbral; España actualmente invierte el 1,28% y planea llegar al 2,1%. El salto al 5% plantea dudas sobre su viabilidad real incluso para economías grandes como Alemania o Francia.
La insistencia de Mark Rutte —y especialmente de Donald Trump— en aumentar las inversiones militares responde a un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania y las tensiones con Rusia. Rutte ha subrayado que solo alcanzando ese nivel de gasto podrá garantizarse una defensa colectiva frente a amenazas como Rusia o el terrorismo. A su vez, equiparar esfuerzos con Estados Unidos responde a las críticas internas estadounidenses sobre cómo se distribuyen las cargas dentro de la OTAN.
Simultáneamente, Estados Unidos impulsa iniciativas como PURL (Parallel Urgency for Ukraine’s Resupply), mediante las cuales los aliados europeos adquieren armamento estadounidense para enviarlo a Ucrania. Alemania, Países Bajos o Dinamarca ya están participando activamente; mientras tanto, España, Francia e Italia muestran mayor reticencia. Este mecanismo refuerza tanto el papel de Estados Unidos como proveedor militar global como también resalta la dependencia europea respecto a tecnología bélica norteamericana.
Perspectivas y riesgos para España
La presión sobre España parece destinada a continuar. Mark Rutte ha dejado claro que en 2029 se revisará si el plan español sigue siendo suficiente para cumplir con los objetivos actualizados. Si para entonces se deteriora el entorno estratégico —por ejemplo, debido a una escalada del conflicto ucraniano o un mayor protagonismo ruso— es probable que aumenten las exigencias sobre Madrid.
Por ahora, Pedro Sánchez disfruta de cierto margen diplomático gracias al lenguaje flexible presente en los acuerdos oficiales. Sin embargo, esa ventana podría cerrarse si otros países europeos —en especial aquellos más expuestos a Rusia— aceleran sus inversiones militares y presionan para endurecer las normas internas dentro de la OTAN.
El riesgo para España es doble: puede enfrentarse al aislamiento político dentro de la Alianza si mantiene su postura actual; además podría verse obligado a implementar recortes sociales insostenibles si cede ante las presiones estadounidenses. El Gobierno español busca reforzar su papel dentro de Europa liderando misiones civiles o aportando capacidades logísticas como alternativa al puro aumento del gasto militar.
¿Hacia dónde va la OTAN?
La cumbre celebrada en La Haya ha planteado una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto está Europa dispuesta —y puede— asumir un papel militar equivalente al de Estados Unidos? El acuerdo sobre elevarlo al 5% parece más una declaración simbólica que una realidad inmediata; hoy ningún país europeo relevante está cerca de alcanzar esa cifra.
El tira y afloja entre Donald Trump y Pedro Sánchez simboliza una tensión más profunda entre dos enfoques diferentes: uno centrado exclusivamente en priorizar la defensa colectiva y otro buscando equilibrar seguridad y bienestar social. Mark Rutte, como secretario general, intenta mantener unidad entre aliados reconociendo las diferencias existentes.
En los próximos años será interesante observar si Europa logra incrementar significativamente su gasto militar o si —como ocurrió anteriormente con el objetivo del 2%— muchos países terminan incumpliendo sus promesas. Mientras tanto, España seguirá bajo presión para demostrar su fiabilidad como aliado sin sacrificar su modelo social.
La OTAN avanza hacia un nuevo capítulo caracterizado por mayores exigencias militares y tensiones políticas internas. El enfrentamiento entre Washington y Madrid es solo uno más —y no será el último— dentro esta narrativa compleja.
