La madrugada en Castel d’Azzano, Verona, se vio sacudida por un estallido devastador.
Una familia okupa, atrapada por las deudas y el inminente desalojo, decidió llevar a cabo su amenaza: abrir el gas y detonar una explosión justo cuando los agentes del orden se disponían a entrar en el inmueble.
El saldo fue trágico: tres policías perdieron la vida y quince agentes resultaron heridos, tanto de la policía como de los carabineros, debido al colapso posterior del edificio.
Este horroroso suceso ha conmocionado a la sociedad italiana, reavivando el debate sobre la okupación y cómo se gestionan los desalojos en situaciones extremas.
El operativo policial y la explosión
El desalojo se llevó a cabo tras días de negociaciones infructuosas pero fue interrumpido por la explosión deliberada. Los agentes, conscientes del clima tenso, habían intentado mediar para evitar un desenlace violento. Sin embargo, los okupas cumplieron sus amenazas. La detonación destruyó la vivienda y provocó un derrumbe que atrapó a varios efectivos bajo los escombros.
Víctimas mortales: Marco Piffari, Davide Bernardello y Valerio Daprà; policías que “sacrificaron sus vidas cumpliendo su deber hasta el final al servicio de la patria”, según palabras del ministro de Defensa, Guido Crosetto.
Heridos: 15 agentes hospitalizados; aunque muchos están en estado leve, algunos presentan fracturas y lesiones graves por el derrumbe.
Los Ramponi, ganaderos en crisis
La casa estaba habitada por tres hermanos, conocidos localmente por su carácter reservado y sus problemas económicos derivados de años dedicados a la ganadería. La presión de las deudas y el fracaso en las negociaciones con las autoridades les llevaron al límite. Dos de ellos, un hombre y una mujer, fueron detenidos en el lugar tras ser rescatados entre los escombros, ambos con quemaduras graves. El tercero logró escapar pero fue arrestado poco después sin resistencia alguna.
Dino Ramponi: el menor de los hermanos, con experiencia en la gestión de ganado vacuno. María Luisa Ramponi: la única mujer del grupo; conocida por su carácter fuerte, parece ser quien accionó la detonación. Franco Ramponi: el mayor, propietario de varios terrenos agrícolas; fue capturado horas después en una finca familiar.
La familia había tenido incidentes previos y acumulaba bombonas de gas y cócteles molotov según los registros policiales. No era la primera vez que amenazaban con “hacer volar la casa” si eran desalojados.
Investigación y cargos: homicidio premeditado
La policía ha hallado evidencias que apuntan a una clara premeditación: al menos cinco bombonas de gas y varios cócteles molotov estaban listos para ser utilizados. El fiscal de Verona, Raffaele Tito, considera que hay suficientes indicios para acusar por homicidio premeditado e incluso está evaluando cargos por «masacre», teniendo en cuenta el alto número de víctimas.
El caso ha causado una gran conmoción a nivel institucional. La primera ministra Giorgia Meloni expresó su «profundo pesar» y reafirmó el apoyo del Gobierno hacia las fuerzas de seguridad. El tema de la ocupación ilegal y cómo proteger a los agentes vuelve a estar sobre la mesa política.
A pesar de su perfil bajo, los Ramponi han sido objeto de rumores e historias curiosas en su localidad:
- En varias ocasiones lograron disuadir al alguacil de acercarse a su hogar abriendo bombonas de gas como advertencia.
- Uno de los hermanos llegó a declarar días antes: “Me inmolaré si venden la casa”, según recoge el diario local La Repubblica.
- La familia mantenía activa una pequeña explotación ganadera que les servía como refugio y fuente de ingresos.
La okupación como fenómeno
La okupación y los desalojos forzosos son problemas cada vez más presentes tanto en Italia como en España. En Verona, este episodio ilustra cómo la desesperación puede llevar a situaciones extremas. Los expertos en derecho inmobiliario advierten que expulsar a okupas es un proceso largo y complicado, especialmente cuando se trata de familias consideradas vulnerables.
En España, el Real Decreto-ley 11/2020 protege a personas vulnerables frente a desahucios sin alternativa habitacional; esto ralentiza procedimientos e incrementa las tensiones.
En Italia, nuevas leyes han endurecido las penas por ocupación ilegal permitiendo desalojos inmediatos incluso sin orden judicial para prevenir riesgos mayores.
Impacto social y debate público
La tragedia ocurrida en Verona ha reabierto el debate sobre cómo se realizan los desalojos y cuál es el papel que deben jugar las fuerzas del orden ante contextos tan conflictivos. Asociaciones de propietarios junto a sindicatos policiales reclaman protocolos más seguros así como mayor apoyo institucional para abordar casos donde la resistencia por parte de okupas puede desembocar en violencia extrema.
La vivienda arrasada ahora simboliza una problemática que afecta no solo a propietarios sino también a ocupantes y a quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley.
El recuerdo de estos tres policías fallecidos será una advertencia constante sobre los peligros asociados con la okupación y desahucios en situaciones vulnerables. La historia familiar de los Ramponi está marcada por conflictos profundos que dejarán huella en la memoria colectiva veronesa.
La comunidad local busca respuestas efectivas para evitar que episodios tan trágicos vuelvan a repetirse.
