En ocasiones, Madrid sorprende a sus conductores con mensajes inesperados en los parabrisas.
Durante años, quienes aparcaban en Castellana 180 se topaban con un peculiar anuncio: el de una sauna atendida por señoritas 24 h, una oferta llamativa en la capital que prometía discreción.
Según recientes indagaciones, estos folletos tienen su origen en la familia política de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
Este escándalo, lejos de ser un mero incidente, ha vuelto a acaparar titulares debido a la implicación directa de los Gómez Serrano en el negocio del sexo en Madrid y sus ramificaciones políticas.
El local, conocido como Sauna Bar de Castellana 180, se convirtió en el epicentro de la controversia tras décadas operando sin pausa y acumulando denuncias por parte de los vecinos.
La estrategia para atraer clientela era directa: folletos dejados en coches, anuncios en publicaciones especializadas y la promesa de aceptar «todo tipo de tarjetas de crédito», un símbolo de modernidad que indicaba que incluso el pago era flexible.
Todo esto bajo la apariencia de «sauna con bar», mientras en su interior se ejercía la prostitución casi como si fuera parte del sistema.
Un negocio familiar que desafía al discurso oficial
La sauna contaba con un equipo formado por hasta 15 mujeres, mayoritariamente provenientes de Europa del Este y América Latina, muchas superando ya los 30 años. Las condiciones laborales y vitales dentro del prostíbulo distaban mucho del glamour que vendían los folletos. Testimonios obtenidos por medios indican que las condiciones higiénico-sanitarias eran deplorables: habitaciones diminutas, colchones viejos, falta de ventilación y jornadas interminables. Un informe municipal reveló que las trabajadoras dormían en espacios improvisados, sin privacidad y, en ocasiones, rodeadas por olores intensos a productos químicos y humedad.
El Ayuntamiento de Madrid clausuró el local en 1996 tras numerosas denuncias vecinales sobre disturbios, ruidos y actividades sospechosas. Sin embargo, la familia Gómez Serrano logró reabrir el establecimiento bajo una nueva licencia, repitiendo así una táctica administrativa que prolongó el conflicto con los residentes cercanos. La actividad continuó, y la sauna fue oficialmente registrada como «sauna con bar» en 1997, aunque la prostitución seguía siendo su verdadero motor económico.
Entre la legalidad, el escándalo y la controversia política
En 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la licencia del local al detectar discrepancias graves entre los planos presentados y las actividades reales que incluían cinco cabinas para masajes y un constante flujo de servicios sexuales. La sentencia fue clara: la administración municipal había otorgado licencias «en blanco» para unos espacios físicos sin conocer realmente qué elementos se instalarían allí. A pesar de esto, el local continuó funcionando mientras la tensión con los vecinos se mantenía durante más de tres décadas.
No faltaron incidentes notorios: desde agresiones entre empleados y clientes (como aquel famoso episodio donde un camarero rompió un vaso en la cabeza a un cliente tras una disputa por 400 euros), hasta robos e incluso la presencia sospechosa de falsos inspectores policiales. Con ventanales oscurecidos y fachada negra, sigue siendo recordado por los habitantes del barrio como un lugar insalubre y conflictivo.
El feminismo gubernamental y la paradoja de los prostíbulos
Este escándalo ha trascendido lo local para instalarse también en el ámbito político nacional. El PSOE, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, ha defendido durante años un discurso feminista abolicionista respecto a la prostitución. Sin embargo, la cercanía familiar del presidente a este tipo de negocios ha evidenciado una contradicción complicada en el ámbito público. Las grabaciones inéditas del excomisario Villarejo entregadas recientemente al partido socialista han reavivado el debate sobre cómo se gestionan estos locales y los beneficios derivados para la familia Gómez en este sector. No obstante, no hay pruebas judiciales que vinculen directamente a Sánchez o Begoña Gómez con la administración diaria del local.
Este caso ha añadido una dosis irónica a la política española: el “yin y yang” entre puticlubs y feminismo militante conviviendo bajo un mismo techo familiar. La paradoja se vuelve aún más evidente cuando recordamos que aún no se ha aprobado ninguna ley para prohibir la prostitución en España a pesar de los años gobernando los socialistas y sus repetidas promesas para acabar con situaciones como esta.
Prostitutas, tarjetas de crédito y la vida tras el cristal tintado
La realidad dentro del Sauna Bar estaba muy alejada del brillo prometido por sus anuncios. Las trabajadoras extranjeras enfrentaban largas jornadas laborales bajo estrictos controles donde debían compartir beneficios entre empresa y plantilla. Muchas salían «drogadas y medio desnudas», según testimonios presenciales; además, alternar entre drogas, alcohol y clientes adinerados era parte del día a día. Las tarifas alcanzaban hasta los 300 euros por hora; aunque los pagos eran casi siempre en efectivo, no faltaban anuncios que garantizaban aceptar cualquier tarjeta como si fueran establecimientos lujosos.
Un informe municipal describió las condiciones infrahumanas donde vivían las prostitutas: colchones apilados unos sobre otros, duchas compartidas sin ventilación adecuada e un ambiente propenso a enfermedades e incidentes. A pesar de las sanciones impuestas y expedientes administrativos abiertos contra ellos, el negocio continuó su marcha gracias a una red compleja de licencias cruzadas y su habilidad para ocultar su actividad real.
