Sin el marido de Begoña nada hubiera sido posible.
Ni siquiera que los tentáculos de la trama llegarán a todos los ministerios del Gobierno Sánchez.
El llamado Caso Ábalos, que en realidad es el Caso PSOE, ha dejado de ser una simple mancha para transformarse en un mar de basura que va del núcleo del Ejecutivo Frankenstein, a los despachos ministeriales.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado al Tribunal Supremo un informe devastador: la red de corrupción asociada al exministro José Luis Ábalos no solo operaba desde el Ministerio de Transportes, sino que extendía sus tentáculos a todos los ministerios del Gobierno Sánchez.
Se trata de un entramado complejo en el que el tráfico de favores, las adjudicaciones a dedo y los movimientos de dinero en efectivo desafían cualquier concepto de ética política.
La investigación, que comenzó por las irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, ha avanzado notablemente en días recientes gracias al descubrimiento de recibos bancarios que demuestran el ingreso de fajos de billetes a nombre del propio Ábalos, provenientes del circuito de comisiones de la trama.
Estos ingresos no son meras anécdotas; son pruebas tangibles que evidencian cómo el dinero circulaba casi sin control, alimentando un sistema clientelar a gran escala.
Conversaciones explosivas y el rol de los protagonistas
Entre los hallazgos más impactantes se encuentran los pantallazos de conversaciones entre Ábalos y su exasesor Koldo García. En dichos mensajes, se discuten no solo aspectos logísticos sobre el traslado del dinero —como esa famosa pregunta de Ábalos: “¿Chimbote ha ingresado?” refiriéndose a una transferencia desde Perú—, sino también se bromea sobre la posibilidad de desgravar donaciones en efectivo a sus amantes. Un humor negro que pone al descubierto el nivel de impunidad y desparpajo con el que operaba esta trama.
El informe policial incluye además una grabación donde Koldo García, figura clave dentro del entramado, afirma que el PSOE respaldaba a Ábalos “aunque hubiera violado a su hija”, una expresión que, más allá del horror, refleja el grado de protección política del que disfrutaba el exministro incluso tras estallar el escándalo.
Por si fuera poco, se ha documentado cómo Ábalos sugirió a su hija Tatiana Ábalos aparecer como testaferro en una ONG utilizada para blanquear mordidas. La guinda del pastel es la compra de diamantes con dinero proveniente de comisiones, con el objetivo no solo de mantener ese capital alejado del sistema bancario, sino también asegurar un futuro brillante, aunque poco transparente.
El “Mister X” y las conexiones en la cúspide
Los investigadores apuntan alto: Pedro Sánchez, conocido entre bastidores como “Mister X”, aparece mencionado en las conversaciones y sugerencias captadas por la UCO. En uno de los pasajes más reveladores, Santos Cerdán —exsecretario de Organización del PSOE y también investigado— sugiere al presidente conceder una embajada a Ábalos para apartarlo discretamente antes de que la red estallara. Un movimiento que implica conocimiento previo del cerco policial y una gestión política del escándalo al más puro estilo “cortar por lo sano”.
La propia María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, también queda señalada en varias conversaciones. Según los implicados, su relación con el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, era “excelente”, lo cual los agentes interpretan como una vía privilegiada para acceder a su ministerio. La sombra de la sospecha se cierne sobre casi todos los departamentos, ya que la red presumía poder “entrar en cualquier ministerio” para colocar a sus propios hombres y gestionar adjudicaciones y favores.
El epicentro del escándalo: favores, comisiones y estructura piramidal
El informe elaborado por la UCO pone negro sobre blanco la existencia de una estructura piramidal donde Ábalos, Cerdán y Koldo García actuaban como vértices dentro de una organización criminal orientada al cobro de comisiones a cambio de contratos públicos, especialmente en ámbitos como las infraestructuras o el suministro sanitario durante la pandemia. Los pagos registrados por los investigadores no solo se limitaban a transferencias bancarias; incluían fajos en efectivo, sobres e incluso bienes lujosos destinados a blanquear fondos ilícitos.
Entre los elementos más sorprendentes hallados por la UCO está la utilización de una ONG, Fiadelso, como pantalla para canalizar fondos. Se llegó incluso a considerar que la hija de Ábalos podría figurar como testaferro. La investigación también ha detectado compras de diamantes y transferencias desde el extranjero, complicando aún más el rastreo financiero.

El Gobierno, a la defensiva: “Actuamos con contundencia”
Mientras las tormentas políticas arrecian, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez intenta distanciarse del “triángulo tóxico” conformado por Ábalos, Cerdán y Koldo García. Desde Moncloa se repite insistentemente que actuaron con rapidez ante las irregularidades tan pronto como tomaron conocimiento del asunto; sin embargo, crece la incertidumbre sobre nuevos nombres implicados. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha admitido que no se descarta que surjan más miembros del Ejecutivo involucrados aunque ha subrayado que lo distintivo del PSOE frente a otros partidos es su reacción inmediata ante casos corruptos.
La oposición ha elevado su tono: desde el PP se habla abiertamente sobre “financiación ilegal” dentro del partido y exigen responsabilidades hasta las instancias más altas. Mientras tanto, desde el PSOE intentan acotar daños atribuyéndolos exclusivamente a exresponsables organizativos y negando cualquier implicación estructural dentro del partido.
Consecuencias políticas y sociales
La magnitud del escándalo amenaza con desgastar gravemente la imagen pública un Ejecutivo que llegó prometiendo regeneración democrática. Este caso ha reabierto debates sobre la responsabilidad política así como sobre la necesidad urgente de establecer controles más rigurosos en las adjudicaciones públicas. Las investigaciones continúan abiertas y todo indica que las ramificaciones podrían afectar aún más alto en la jerarquía gubernamental.
Entre las consecuencias inmediatas destacan:
- Dimisiones entre altos cargos y tensiones internas dentro del PSOE.
- Reforzamiento postural por parte de la oposición exigente en cuanto a transparencia.
- Creciente desconfianza ciudadana hacia instituciones públicas y hacia políticos.
- Impacto significativo sobre agendas legislativas y relaciones entre socios gubernamentales.
