Sigue el escándalo por las pulseras antimaltrato de Aliexpress.
Mientras que Podemos niega la mayor y no reconoce el gravísimo error, responsabilidad directa de Irene Montero, los expertos y magistrados exponen lo más grave del fallo de los dispositivos de seguridad.
Esther Fernández Arjonilla, jueza de violencia de género en Pamplona, confirmó en ‘Espejo Público’ que estas incidencias se llevan registrando desde hace años.
Según la magistrada, desde hace año y medio se ha incrementado el número de las incidencias en pérdidas de geolocalización del maltratador, lo que pone en riesgo a las víctimas quedando desprotegidas.
«El dispositivo por sí solo no es suficiente y genera desconfianza. El problema está cuando al tratarse de hechos graves no hay otra medida menos restrictivas que el dispositivo. El dispositivo no es un chollo para una víctima, se siente bastante alterada y esto altera bastante su vida ordinaria con los avisos que recibe mientras intenta hacer su vida normal».
La jueza Carmona se encuentra en el centro del torbellino. Sus declaraciones sobre los graves errores observados en los dispositivos de control telemático han provocado una rápida respuesta. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha optado por la ironía, descalificando la denuncia como un «bulo» y lanzando un dardo: “Lo que es de AliExpress es el título de jueza de la señora Carmona”. No obstante, el debate va más allá del sarcasmo: la seguridad de miles de mujeres depende de un sistema que, según diversos informes judiciales, presenta disfunciones alarmantes.
Este asunto no es trivial. En marzo de 2025, las actas emitidas por jueces de audiencias provinciales ya advertían sobre los “fallos técnicos” en las nuevas pulseras, adquiridas tras rescindir el contrato anterior gestionado por el Ministerio de Igualdad. Se identificaron problemas como localizaciones incorrectas y manipulaciones por parte de investigados, lo que llevó a solicitar con urgencia más personal técnico para subsanar estas deficiencias. Aunque hasta ahora no se ha registrado ninguna muerte entre las mujeres protegidas por estos dispositivos, el sistema ha evidenciado fisuras que han requerido una mayor vigilancia tanto policial como judicial.
Un sistema eficaz, pero lejos de la perfección
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha salido en defensa tanto del manejo como del propósito detrás de las pulseras, admitiendo que “no existen sistemas perfectos y podrían haberse presentado problemas”, especialmente durante el proceso de migración de datos entre diferentes empresas gestoras. La crisis ha sido tan significativa que se han producido “numerosos sobreseimientos provisionales y absoluciones para agresores”, aunque aún queda por determinar con precisión el alcance real de estos errores. Redondo subraya que “las pulseras funcionan; el dispositivo Cometa siempre ha funcionado y continúa haciéndolo correctamente, salvando vidas a diario”. Además, desmiente rotundamente que estos dispositivos provengan de Aliexpress, asegurando que están homologados en la Unión Europea y diseñados específicamente para nuestro sistema nacional.
Sin embargo, la realidad es más complicada. Las memorias elaboradas por la Fiscalía General del Estado reconocen innegablemente la utilidad de estos dispositivos, pero también señalan problemas como falta de cobertura en áreas rurales, dificultades para mantener la distancia segura en poblaciones pequeñas y el impacto psicológico que generan alertas reiteradas entre las víctimas. En algunos casos, estas han llegado a solicitar incluso la retirada de las pulseras debido a la ansiedad provocada por alertas involuntarias.
Las quejas de la judicatura y el impacto en los juzgados
El testimonio proveniente de magistradas en juzgados especializados en violencia de género es revelador: han tenido que reemplazar los dispositivos hasta “tres o cuatro veces” debido a fallos persistentes. A pesar del incremento en su carga laboral, transmiten un mensaje tranquilizador: “Las víctimas no han estado desprotegidas. La mayoría de las pulseras funcionan adecuadamente y cuando eso no ocurre, esas carencias se han suplido con una vigilancia intensificada”. Sin embargo, advierten que estos fallos pueden convertirse en un “arma legal” para las defensas acusatorias y que la saturación burocrática podría resultar en no autorizar nuevas instalaciones.
La controversia sobre el origen de los dispositivos tampoco ayuda a calmar los ánimos. Aunque desde Igualdad se niega cualquier relación con adquisiciones a través de Aliexpress, persisten dudas sobre cómo se adjudicaron los contratos y el cambio en la empresa gestora alimenta un clima político y social lleno de escepticismo. De hecho, desde la oposición se exigen explicaciones e incluso la dimisión de la ministra Redondo; mientras tanto, el Ministerio anuncia una próxima licitación para un nuevo contrato que incorporará mejoras técnicas.
